Una ley que no admite postergación
Editorial publicada en La Nación de Buenos Aires el 17 de octubre de 2004
La reciente visita a Buenos Aires de Kevin Goldberg, especialista norteamericano en temas sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos –en una reunión que fue organizada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y a la que asistió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández–, permitió conocer cómo funciona en su país una ley vital que posibilita a los ciudadanos el acceso a la información sobre el desempeño de las distintas áreas de gobierno.
El momento elegido fue sumamente oportuno si se tiene en cuenta que el Congreso argentino está en mora desde hace tiempo con la tarea de dar forma a una ley de acceso a la información.
Goldberg hizo hincapié en que esta ley contempla y ampara un derecho fundamental de toda la población, no sólo de algunos sectores como podría ser el del periodismo, desde el momento en que cualquier ciudadano puede presentarse ante una oficina pública de gobierno y, cumpliendo con la reglamentación exigida, solicitar datos que necesite y que competan a esa área.
El punto referido a la reglamentación es muy importante, porque define los alcances de la ley, establece los criterios para su instrumentación y señala las herramientas y los recursos para el ejercicio efectivo de este derecho. En cuanto a la aplicación concreta de la ley en los Estados Unidos –la FOIA (por sus siglas en inglés) fue promulgada el 4 de julio de 1966, a pesar de que el entonces presidente Lyndon B. Johnson no la consideraba indispensable–, algunos ejemplos aportados por el visitante no dejaron dudas sobre su efectividad, como que a partir de un pedido de información se descubrió que de 1200 represas sólo 33 tenían previsto cómo actuar ante una emergencia.
De lo cual resulta fácil concluir que ese mayor acceso a la información de parte de la ciudadanía redunda en una mayor eficiencia de la administración pública, ya que las agencias del gobierno deben publicar abiertamente y en forma diaria cierta información, además de contar con personal especialmente capacitado para orientar a los ciudadanos en cómo o dónde buscar la información.
La experiencia norteamericana permite reflexionar, en perspectiva, cuáles pueden ser los principales impedimentos que surjan para su ejercicio. Goldberg no dejó de recordar que para que la ley funcione en forma correcta es fundamental que se invierta en presupuesto y fiscalización, un tema siempre delicado para cualquier gobierno de cualquier país. En el caso concreto de la Argentina, hay que recordar que si bien el proyecto de ley de acceso a la información cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2003, si no es aprobado por el Senado en el presente período de sesiones ordinarias, esto es, hasta noviembre, perderá estado parlamentario.
Lamentablemente, como la historia reciente de nuestro Congreso cuenta con tantos ejemplos de proyectos de ley vitales para la vida del país cuyo tratamiento se demoró repetidas veces, es legítimo que todos los sectores involucrados en llevar adelante este proyecto teman que se malogre una vez más. Además, aunque en diciembre de 2003 el Presidente emitió el decreto 1172/03, donde se reglamenta el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, éste no alcanza a la información en el ámbito del Poder Legislativo ni en el del Poder Judicial.
No es justo que por la desidia o incompetencia de algunos de nuestros representantes se pierda la posibilidad de sanción de una ley que no sólo es indispensable para una sana vida republicana, sino que la necesidad de su existencia, reconocida en la Constitución Nacional, ha sido planteada por una pluralidad de voces surgidas de la sociedad civil, los medios de comunicación y representantes incluso de la propia clase política –fue la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que se comprometió recientemente, en la comida de Adepa, a promover su rápida sanción–, como claro testimonio de que los argentinos estamos aprendiendo a vivir la democracia como un derecho que ninguna administración puede permitirse arrebatarnos.
La reciente visita a Buenos Aires de Kevin Goldberg, especialista norteamericano en temas sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos –en una reunión que fue organizada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y a la que asistió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández–, permitió conocer cómo funciona en su país una ley vital que posibilita a los ciudadanos el acceso a la información sobre el desempeño de las distintas áreas de gobierno.
El momento elegido fue sumamente oportuno si se tiene en cuenta que el Congreso argentino está en mora desde hace tiempo con la tarea de dar forma a una ley de acceso a la información.
Goldberg hizo hincapié en que esta ley contempla y ampara un derecho fundamental de toda la población, no sólo de algunos sectores como podría ser el del periodismo, desde el momento en que cualquier ciudadano puede presentarse ante una oficina pública de gobierno y, cumpliendo con la reglamentación exigida, solicitar datos que necesite y que competan a esa área.
El punto referido a la reglamentación es muy importante, porque define los alcances de la ley, establece los criterios para su instrumentación y señala las herramientas y los recursos para el ejercicio efectivo de este derecho. En cuanto a la aplicación concreta de la ley en los Estados Unidos –la FOIA (por sus siglas en inglés) fue promulgada el 4 de julio de 1966, a pesar de que el entonces presidente Lyndon B. Johnson no la consideraba indispensable–, algunos ejemplos aportados por el visitante no dejaron dudas sobre su efectividad, como que a partir de un pedido de información se descubrió que de 1200 represas sólo 33 tenían previsto cómo actuar ante una emergencia.
De lo cual resulta fácil concluir que ese mayor acceso a la información de parte de la ciudadanía redunda en una mayor eficiencia de la administración pública, ya que las agencias del gobierno deben publicar abiertamente y en forma diaria cierta información, además de contar con personal especialmente capacitado para orientar a los ciudadanos en cómo o dónde buscar la información.
La experiencia norteamericana permite reflexionar, en perspectiva, cuáles pueden ser los principales impedimentos que surjan para su ejercicio. Goldberg no dejó de recordar que para que la ley funcione en forma correcta es fundamental que se invierta en presupuesto y fiscalización, un tema siempre delicado para cualquier gobierno de cualquier país. En el caso concreto de la Argentina, hay que recordar que si bien el proyecto de ley de acceso a la información cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2003, si no es aprobado por el Senado en el presente período de sesiones ordinarias, esto es, hasta noviembre, perderá estado parlamentario.
Lamentablemente, como la historia reciente de nuestro Congreso cuenta con tantos ejemplos de proyectos de ley vitales para la vida del país cuyo tratamiento se demoró repetidas veces, es legítimo que todos los sectores involucrados en llevar adelante este proyecto teman que se malogre una vez más. Además, aunque en diciembre de 2003 el Presidente emitió el decreto 1172/03, donde se reglamenta el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, éste no alcanza a la información en el ámbito del Poder Legislativo ni en el del Poder Judicial.
No es justo que por la desidia o incompetencia de algunos de nuestros representantes se pierda la posibilidad de sanción de una ley que no sólo es indispensable para una sana vida republicana, sino que la necesidad de su existencia, reconocida en la Constitución Nacional, ha sido planteada por una pluralidad de voces surgidas de la sociedad civil, los medios de comunicación y representantes incluso de la propia clase política –fue la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que se comprometió recientemente, en la comida de Adepa, a promover su rápida sanción–, como claro testimonio de que los argentinos estamos aprendiendo a vivir la democracia como un derecho que ninguna administración puede permitirse arrebatarnos.
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