Oficinas públicas chilenas no podrán negar información
Oficinas públicas chilenas no podrán negarse a entregar información
La Contraloría calificó como ilegal diferentes resoluciones de varios servicios públicos en los que decretaban como secreto variada información de sus oficinas.
Como “una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos” fue calificado por organizaciones ciudadanas el dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó a todas las reparticiones públicas y ministerios a terminar con la práctica ilegal de declarar “secreta” cierta información que, por su naturaleza, tiene carácter de pública.
El documento del ente contralor contiene impugnación a unas 50 diferentes Resoluciones de oficinas estatales, en las que algunas, incluso, declaraban secreto la publicación de los salarios de los funcionarios públicos, la información de los trámites de entrega de concesiones acuícolas y las declaraciones de intereses de los empleados fiscales, entre otras.
Desde 2001 diversas oficinas públicas comenzaron a dictar resoluciones que declaraban "secreta", información de relevancia para la ciudadanía, lo que implicaba que dichos antecedentes sólo podrían ser conocidos después de 20 años, existiendo una limitación expresa para su difusión por medio de la prensa.
Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, se solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de 50 resoluciones que, a esa fecha, estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos. Este libelo impugnatorio, redactado por el abogado ambientalista Moisés Sánchez (Jornadas en Re), fue suscrito por Patricio Herman (Agrupación “Defendamos la Ciudad”), Antonio García (Cívika, derechos ciudadanos), Edgardo Condeza (Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana), y contó con el apoyo de “Ciudad Viva” y el consejero regional metropolitano Pedro Saitz.
Moisés Sánchez, abogado que redactó la impugnación afirmó que “este dictamen constituye una oportunidad única para poner fin a una práctica ilegal que se venía desarrollando desde hace más de tres años por parte de toda la administración pública, y que implicaba que la ciudadanía estaba contando cada vez con menores espacios de participación efectiva en las decisiones de la autoridad, y con casi un nulo acceso a la información” Sánchez agrego que “ahora, con este dictamen, los ciudadanos hemos recuperado los espacios que querían sernos arrebatados bajo la fórmula del ‘secreto’”.
Por su parte el Doctor Edgardo COndeza que lidera el Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana opinó que esta sistemática práctica de decretar como secreto información pública obedece a “una falta de ética y principios de ciertos funcionarios públicos” que se da en un contexto de “modelo ideológico, económico y social” y de una falta de cultura y educación cívica.
El doctor Condeza agregó que el dictamen de Contraloría “es trascendental” para el acceso a la información y la participación ciudadana, pero que hay que seguir avanzando en el reclamo de estos derechos pues se debe disminuir la el alto poder de “discrecionalidad que tienen ciertos funcionarios públicos” para decretar ciertas decisiones. Dentro de sus contenidos, el dictamen cuestiona la legalidad de todos estos decretos, y específicamente ordena que sean de dominio públicos los siguientes antecedentes que fueron declarados secretos de forma ilegal: - Información de remuneraciones de personal, y la relativa a los juicios y reclamaciones interpuestas ante tribunales en contra del servicio, entre otras materias (CONAMA).- Procesos disciplinarios de funcionarios públicos (Tesorería General de la República, Servicio médico Legal, Dirección de Presupuestos, Caja de Previsión de la Defensa Nacional y Subsecretaría de Marina)- Declaraciones de intereses de ejecutivos y actas de sesiones del consejo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional)- Documentos que respalden egresos y contratos suscritos por el servicio (Tesorería General de la República)- Decisiones respecto de estudios y análisis de temas de cualquier naturaleza (Dirección de Presupuestos)- Trámites previos al pronunciamiento del cualquier acto administrativo, Decreto Supremo de nombramiento del Comandante en Jefe de la Armada y antecedentes relativos a concesiones marítimas (Subsecretaría de Marina).
De esta forma, este dictamen ordena a todas las reparticiones que han dictado resoluciones de secreto o reserva, a que las reexaminen modificándolas a la brevedad, de manera de no afectar el principio de publicidad de los actos de la administración, sentando un importante precedente en la aplicación de la normativa de publicidad de los actos públicos, al limitar de manera genérica los alcances del secreto. Con posterioridad a la fecha de la reclamación, se han publicado otras 60 resoluciones de secreto, las que también deben ser modificadas en conformidad a los criterios establecidos en este dictamen.
La Contraloría calificó como ilegal diferentes resoluciones de varios servicios públicos en los que decretaban como secreto variada información de sus oficinas.
Como “una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos” fue calificado por organizaciones ciudadanas el dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó a todas las reparticiones públicas y ministerios a terminar con la práctica ilegal de declarar “secreta” cierta información que, por su naturaleza, tiene carácter de pública.
El documento del ente contralor contiene impugnación a unas 50 diferentes Resoluciones de oficinas estatales, en las que algunas, incluso, declaraban secreto la publicación de los salarios de los funcionarios públicos, la información de los trámites de entrega de concesiones acuícolas y las declaraciones de intereses de los empleados fiscales, entre otras.
Desde 2001 diversas oficinas públicas comenzaron a dictar resoluciones que declaraban "secreta", información de relevancia para la ciudadanía, lo que implicaba que dichos antecedentes sólo podrían ser conocidos después de 20 años, existiendo una limitación expresa para su difusión por medio de la prensa.
Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, se solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de 50 resoluciones que, a esa fecha, estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos. Este libelo impugnatorio, redactado por el abogado ambientalista Moisés Sánchez (Jornadas en Re), fue suscrito por Patricio Herman (Agrupación “Defendamos la Ciudad”), Antonio García (Cívika, derechos ciudadanos), Edgardo Condeza (Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana), y contó con el apoyo de “Ciudad Viva” y el consejero regional metropolitano Pedro Saitz.
Moisés Sánchez, abogado que redactó la impugnación afirmó que “este dictamen constituye una oportunidad única para poner fin a una práctica ilegal que se venía desarrollando desde hace más de tres años por parte de toda la administración pública, y que implicaba que la ciudadanía estaba contando cada vez con menores espacios de participación efectiva en las decisiones de la autoridad, y con casi un nulo acceso a la información” Sánchez agrego que “ahora, con este dictamen, los ciudadanos hemos recuperado los espacios que querían sernos arrebatados bajo la fórmula del ‘secreto’”.
Por su parte el Doctor Edgardo COndeza que lidera el Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana opinó que esta sistemática práctica de decretar como secreto información pública obedece a “una falta de ética y principios de ciertos funcionarios públicos” que se da en un contexto de “modelo ideológico, económico y social” y de una falta de cultura y educación cívica.
El doctor Condeza agregó que el dictamen de Contraloría “es trascendental” para el acceso a la información y la participación ciudadana, pero que hay que seguir avanzando en el reclamo de estos derechos pues se debe disminuir la el alto poder de “discrecionalidad que tienen ciertos funcionarios públicos” para decretar ciertas decisiones. Dentro de sus contenidos, el dictamen cuestiona la legalidad de todos estos decretos, y específicamente ordena que sean de dominio públicos los siguientes antecedentes que fueron declarados secretos de forma ilegal: - Información de remuneraciones de personal, y la relativa a los juicios y reclamaciones interpuestas ante tribunales en contra del servicio, entre otras materias (CONAMA).- Procesos disciplinarios de funcionarios públicos (Tesorería General de la República, Servicio médico Legal, Dirección de Presupuestos, Caja de Previsión de la Defensa Nacional y Subsecretaría de Marina)- Declaraciones de intereses de ejecutivos y actas de sesiones del consejo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional)- Documentos que respalden egresos y contratos suscritos por el servicio (Tesorería General de la República)- Decisiones respecto de estudios y análisis de temas de cualquier naturaleza (Dirección de Presupuestos)- Trámites previos al pronunciamiento del cualquier acto administrativo, Decreto Supremo de nombramiento del Comandante en Jefe de la Armada y antecedentes relativos a concesiones marítimas (Subsecretaría de Marina).
De esta forma, este dictamen ordena a todas las reparticiones que han dictado resoluciones de secreto o reserva, a que las reexaminen modificándolas a la brevedad, de manera de no afectar el principio de publicidad de los actos de la administración, sentando un importante precedente en la aplicación de la normativa de publicidad de los actos públicos, al limitar de manera genérica los alcances del secreto. Con posterioridad a la fecha de la reclamación, se han publicado otras 60 resoluciones de secreto, las que también deben ser modificadas en conformidad a los criterios establecidos en este dictamen.
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